La vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruíz, fue destituida de su cargo este jueves por inhabilidad moral, en una sesión que celebró la Legislatura local ante las acusaciones por irregularidades en la administración de fondos públicos.

Así lo determinó durante una sesión especial presidida por Zulma Reina, vicepresidenta primera de la Cámara, que se extendió por más de cinco horas y culminó con una votación de 30 a favor, alcanzando los dos tercios necesarios para la destitución.

Ruíz y su hermano Pablo están acusados de desviar fondos públicos a cuentas del Banco de la Provincia de Neuquén (BPN).

Según reveló el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, entre enero y agosto de este año, recibió transferencias ajenas a su sueldo como funcionario público de la Legislatura, que retiró en efectivo o invirtió en plazos fijos personales. Por este motivo se lo acusa por presunta defraudación al Estado.

La vice de Rolando Figueroa en Neuquén había sido suspendida cuando estalló el escándalo político en la provincia, y este mismo jueves ya había declarado ante la comisión legislativa. “No creo que haya cometido ningún ilícito, no hubo mala fe”, aseveró, además de remarcar que «no hay fraude, solo desprolijidades administrativas».

Transferencias de la Legislatura

Pablo Ruíz, designado por su hermana como coordinador en la Legislatura, habría recibido transferencias de la Legislatura por 29.854.350 pesos, de los cuales cerca de 9 millones se depositaron en plazos fijos y algo más de 20 millones fueron retirados en efectivo. Gloria Ruiz también está acusada de obtener una camioneta, una pileta, la contratación directa de banners y spots publicitarios por más de $45 millones, y otras irregularidades.

Tras su destitución por mayoría (30 votos por la inhabilitación sobre un total de 35 legisladores), Gloria y Pablo Ruíz deben enfrentar a la Justicia ordinaria en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida de la Legislatura tiene validez hasta el 10 de diciembre de 2027 e incluye la suspensión del cobro de dieta o ingresos por su función política.

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