La destitución temporal de Gloria Ruiz del cargo de vicegobernadora no solo ha puesto en evidencia las profundas irregularidades de su gestión, sino también su evidente desesperación por aferrarse al poder, aun cuando las pruebas y testimonios la señalan como parte de una red de corrupción familiar y administrativa sin precedentes en Neuquén.
En una sesión legislativa que marcó un antes y un después en la política provincial, Ruiz intentó defenderse de las acusaciones con un discurso que fue tan confuso como carente de argumentos sólidos. Durante su intervención, plagada de errores de lectura y contradicciones, Ruiz calificó su suspensión preventiva como un «golpe a la democracia» y aseguró que la medida carece de sustento constitucional. Sin embargo, sus palabras parecieron más un intento desesperado de desviar la atención de las graves denuncias que pesan sobre su gestión y entorno cercano.
¿Golpe a la democracia o maniobra de victimización?
Ruiz acusó a los legisladores de ejecutar un «proceso sumarísimo propio de dictaduras» y amenazó con llevar a los tribunales a quienes respaldaron su suspensión. Sin embargo, su retórica no logró ocultar las serias acusaciones en su contra, entre ellas, la malversación de fondos públicos a través de cuentas vinculadas a su hermano y mano derecha, Pablo Ruiz, quien se encuentra detenido y bajo investigación judicial por depósitos millonarios provenientes de la Tesorería de la Legislatura Provincial.
La vicegobernadora también intentó justificar las transferencias a las cuentas de su hermano como parte de un sistema administrativo contable en el que, según sus palabras, «cada lugar hace su trabajo». Este argumento, lejos de convencer, subraya la opacidad con la que se manejaron los recursos públicos durante su administración.
Negación y manipulación: el doble discurso de Ruiz
En un intento por posicionarse como víctima de una supuesta persecución política, Ruiz recurrió a un discurso cargado de descalificaciones hacia sus detractores. Los acusó de querer «desestabilizar el poder ejecutivo provincial» y «atacar a la democracia neuquina y argentina». Además, utilizó el argumento de género, señalando que su suspensión representaba «un atropello contra una mujer», en un intento evidente por desviar la atención de las acusaciones que pesan sobre ella y su gestión.
Lo más alarmante fue su declaración ante los medios de que «no hay ningún indicio de nada», minimizando las denuncias y las investigaciones que está realizando la fiscalía por malversación de fondos y contrataciones irregulares que involucran a personas de su círculo cercano. Este tipo de afirmaciones, lejos de limpiar su imagen, solo refuerzan la percepción de una gestión marcada por el abuso de poder y la falta de transparencia.
Un espectáculo indigno
Tras la aprobación de su suspensión provisional, Ruiz protagonizó un escándalo al gritarles tanto a los legisladores como a sus seguidores en los palcos. Su comportamiento, lejos de ser el de una funcionaria que busca esclarecer los hechos, demostró una actitud desafiante y carente de autocontrol, impropia de alguien que debería velar por la institucionalidad y el respeto a la democracia que tanto dice defender.
La situación de Gloria Ruiz deja en evidencia la necesidad urgente de revisar los mecanismos de control y transparencia en la administración pública de Neuquén. La magnitud de las irregularidades denunciadas apunta a un sistema profundamente corrupto, en el que la vicegobernadora jugó un rol central. Si Ruiz tuviera un mínimo de dignidad, debería renunciar inmediatamente a su cargo y permitir que las instituciones hagan su trabajo sin interferencias ni maniobras de victimización.
La historia aún no está escrita, pero una cosa es clara: la provincia de Neuquén merece una política libre de corrupción y personajes cuya única motivación sea mantenerse en el poder a toda costa. La justicia tiene la última palabra, pero la ciudadanía ya ha emitido su veredicto.